Nuestra formación política, que lleva estatutariamente la colaboración con Asociaciones y colectivos sociales, se compromete a colaborar con los proponentes de la ILP y en concreto con la Fundación Igualdad Iberoamericana presidida por Macarena Olona, abogado del Estado, reafirmando su compromiso con la defensa de todas las víctimas de la violencia.
El Responsable Local de la ciudad de Alicante, Joaquín Oliva, anunció ayer en la Conferencia sobre la Ley de Violencia de Género, donde participó Macarena Olona junto a Lorena Más, presidenta de la Asociación Ayudamos a Vivir una Vida Íntegra (AVVI), que el partido España Viva colaborará en la Comunidad Valenciana en la recogida de las 500.000 firmas necesarias para poder presentar la ILP.
Desde España Viva cuestionamos sin reservas la Ley de Violencia de Género, al mismo tiempo que negamos que la violencia tenga género. La violencia tiene multitud de manifestaciones y no podemos dejar fuera de la asistencia a víctimas cuyos agresores no son hombres. Nos oponemos frontalmente a ideologías que sesgan la realidad manifestando un odio indiscriminado contra los hombres, siempre promovidos por sectores de la política que, sabedores de la incoherencia de su discurso sobre lucha de clases desde sus viviendas de alto standing, pretenden confrontar a la sociedad civil a través de una batalla de sexos.
Proponemos un marco que sirva para que, desde las instituciones públicas, comenzando por los Ayuntamientos, se destinen recursos a las iniciativas de asistencia a víctimas de violencia, facilitando la detección temprana de casos de violencia en los hogares, así como coberturas legales, sociales y psicológicas que pudieran necesitar las víctimas y sus entornos, sin distinciones de sexo ni edad. En la actualidad, las instituciones públicas no brindan estas coberturas a los hombres ni mujeres víctimas de la violencia de sus parejas, al considerar que ellos no pueden sufrir jamás violencia de género porque sus agresores son de su mismo sexo, quedando fuera de cualquier asistencia. Denunciamos además la inutilidad funcional del Ministerio de Igualdad, el cual, no ha impedido que sigan aumentando los asesinatos de mujeres y sólo ha servido para abandonar otras realidades y convertir un problema social en un negocio del que se nutren incontables asociaciones con una labor fútil en muchos casos, y dejando patente la incapacidad jurídica del Gobierno del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y sus demás socios de gobierno al permitir que se apruebe una Ley que ha reducido las condenas e incluso puesto en libertad a cientos de agresores sexuales por toda España.
